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LEY DE REMISIÓN DE INTERESES

25 Sep 18

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Econ. Jorge Ayala Romero 
Presidente de BIZWELL en Ecuador

Existe un debate amplio acerca de los beneficios o perjuicios asociados a que los gobiernos de turno planteen cada cierto período de tiempo proyectos de ley en los cuales se establece la posibilidad de incluir la condonación de deudas (una especie de beneficio tributario) para aquellos contribuyentes que tienen deudas tributarias para con el Estado.

El objetivo básico por el cual los gobiernos plantean las amnistías o leyes de remisión de deudas es recaudatorio, pues se establece la posibilidad de recaudar tributos que hasta la puesta en vigencia de la ley no han sido pagados por los contribuyentes. El no pago de dichos tributos puede obedecer a una serie de factores entre los cuales podemos mencionar:

a)      La omisión en la presentación de la declaración

b)      Declaraciones efectuadas con errores por parte del sujeto pasivo en cuanto al impuesto a pagar y que no han sido aún cuestionadas por el sujeto activo (SRI)

c)       Determinaciones tributarias efectuadas por parte del sujeto activo (SRI) y que se encuentran impugnadas ya sea en vía administrativa o vía judicial por el sujeto pasivo.

Las críticas a este tipo de proyectos vienen dadas generalmente por el premio que se les estaría dando a aquellos contribuyentes que no han cumplido con la correcta determinación de su obligación tributaria en detrimento de aquellos que declaran correctamente sus tributos.

Este tipo de mecanismos en todo caso plantea la imposibilidad de las administraciones tributarias para poder controlar y ejecutar las acciones de cobro de aquellos contribuyentes que se van a ver beneficiados de este tipo de amnistías, ya sea por la poca capacidad de detección de los evasores, de una inconformidad por parte de los contribuyentes al régimen tributario o en su defecto de lo lento y tortuoso del sistema judicial en los países.

Tomando en consideración la necesidad de liquidez con la que cuentan los Estados a la hora de plantear este tipo de alternativas, es importante que los proyectos de ley incorporen mecanismos que permitan evitar que el gasto tributario asociado a este tipo de proyectos beneficie a contribuyentes que tienen deudas con la administración tributaria que en las instancias respectivas han sido ratificadas y con gran probabilidad de cobro.

Paralelamente a este tipo de mecanismos debe de realizarse reformas estructurales en aras de volver al sistema tributario ecuatoriano más eficiente, algunas de estas reformas se enumeran a continuación:

1)      Simplificación del régimen de declaración de impuesto a la renta y obligaciones conexas

2)      Reinstitucionalización de tribunales fiscales y sistema judicial en general para agilizar los procesos de impugnación.

3)      Fortalecimiento y capacitación continúa en áreas de control de la administración tributaria.

4)      Mejoras de procesos de control y selección de contribuyentes a auditar

5)      Modificación organizacional del área de reclamos administrativos para que esta se encuentre al mismo nivel jerárquico que las direcciones zonales.

El éxito en los procesos de control de la Administración Tributaria debe medirse en términos de:

  • una selección adecuada de los contribuyentes a auditar a efectos de que el auditor al no encontrar riesgos se invente glosas con el único afán de generar eficiencia,
  • los procesos de control deben derivar en diferencias que queden muy claras para el contribuyente de tal manera que exista la seguridad de que cualquier impugnación de las mismas no tendría cabida en el ámbito administrativo o judicial.
  • Con un adecuado sistema de reclamos administrativos y de tribunales fiscales, las diferencias que el SRI pierde en estas instancias no deberían ser impugnadas sino dadas de baja.
  •  Se debe llegar a incentivos establecidos legalmente para que los contribuyentes que paguen sus diferencias sin impugnar tengan una rebaja inmediata.

Solo con este tipo de mecanismos no tendríamos que recurrir continuamente a procesos de remisión en los que con seguridad la administración tributaria pierde legitimidad.



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